Huir para no morir: movilidad humana en contexto de violencia sostenida. El caso mexicano

Abstract

La violación sistemática de los derechos humanos la sufre tanto la población mexicana como los migrantes en tránsito por México, víctimas tanto de bandas criminales como de la apatía o negligencia de las diversas corporaciones policiacas. México comparte con otros países de Latinoamérica un contexto de violencia estructural que vulnera tanto a nacionales como extranjeros, además de la precariedad económica que facilita esta situación. La “seguridad nacional” se convierte en el pretexto para la violación de derechos por parte del Estado que, centrado en la “protección de la integridad física” de la población, olvida cuestiones básicas de la seguridad humana: empleo, vivienda, educación, salud. En un contexto de violencia sostenida, sin garantías de respeto a los derechos básicos, el discurso de los derechos humanos como una herramienta de defensa que responda a los reclamos de la población, nacional o extranjera, pareciera una salida. Sin embargo, hay una distancia difícil de superar entre la ley escrita y su implementación. El objetivo de este texto es retratar la situación de violencia estructural en México, que es resultado de un Estado negligente, y que en ocasiones es el mismo perpetrador de la violencia. La seguridad se vuelve un pretexto para justificar el uso de la fuerza contra la población civil. En este sentido, la población migrante es la más vulnerada, pues carece de estatus jurídico regular que, al menos en lo formal, la proteja. México ha firmado acuerdos de respeto a los derechos de los migrantes, e inclusive ha modificado la ley y la normativa para garantizar el tránsito libre y seguro de los migrantes por el país. Sin embargo, esto no se ve reflejado en la gestión migratoria del Estado mexicano. Pero no se trata únicamente de población extranjera, sino de la movilidad de los propios mexicanos, que huyendo de contextos violentos deben cruzar el país, sin garantías de seguridad. Para documentar esta situación se recurrió a la revisión tanto de fuentes primarias y secundarias –incluyendo bases de datos gubernamentales–, como hemerográfica y –por supuesto– de testimonios, recabados por medio de entrevistas semiestructuradas, la observación participante y un detallado seguimiento documentado en un diario de campo.

The systematic violation of human rights is suffered by both the Mexican population and migrants in transit through Mexico, victims of both crimi-nal gangs and the apathy or negligence of various police corporations. Mexico shares with other Latin American countries a context of structural violence that violates both nationals and foreigners, in addition to the economic pre-cariousness that facilitates this situation. “National security” becomes the pretext for the violation of rights by the State that, focused on the “protection of the physical integrity” of the population, forgets basic issues of human security: employment, housing, education, health . In a context of sustained violence, without guarantees of respect for basic rights, the discourse of hu-man rights as a defense tool that responds to the demands of the population, national and / or foreign, seems a way out. However, there is a difficult distance to overcome between the written law and its implementation.The goal of this text is to portray the situation of structural violence in Mexico, which is the result of a negligent State, that sometimes is a per-petrator of violence by itself. Security becomes a pretext to justify the use of force against civilian population. Migrants are the most vulnerable, as they lack of a regular legal status to protect them, at least formally. Mexico has signed agreements regarding the rights of migrants, and has even mod-ified laws and regulations to ensure the free and safe passage of migrants through the country. However, this is not reflected in Mexican migratory management. But it is not only a question of foreign population, but also the mobility of Mexicans themselves, fleeing from violent contexts, must of them crossing the country without security guarantees. In order to document this situation, primary and secondary sources were reviewed, including gov-ernment databases, newspaper coverage and, of course, testimonies, collected through semi-structured interviews, participant observation and a detailed follow-up documented in a field diary.